La lucha por la III República es una reivindicación sentida ya por miles de ciudadanos, como demuestra la creciente participación popular en cuantas convocatorias se realizan (y son muchas a lo largo y ancho del estado), gracias, por cierto, al esfuerzo militante de muchos, que ha con¬seguido romper la barrera del silencio de los medios de propaganda del régimen. El sentimiento republicano crece y aumenta paralelamente la inquina antidemocrática de las instituciones llamadas a preservar los va¬lores del régimen monárquico.
La brecha entre las dos Españas de la que hablara Machado, es hoy más real que nunca: mientras un puñado de oligarcas se hacen de oro, especulando con las necesidades sociales de la mayoría, millones de ciudada¬nos ven amenazado su futuro por un régimen para el que no existe mas realidad económica que la que marca las bolsas de valores y el bolsillo de capitalistas y empresarios vividores.
Los datos hablan por si solos: Según el informe del 2005 de la Agencia Tributaria española, aquel año los empresarios y profesionales liberales declararon como media una renta que era la mitad de la renta media declarada por los trabajadores asalariados, calculándose que el fraude fiscal (incluyendo los paraísos fiscales de la banca) alcanza más del 10% del PIB. Ese mismo año, el beneficio neto de las grandes empresas que cotizan en bolsa y que se incluyen en el IBEX-35 fue de un 44%. Los grupos que consiguieron mayor crecimiento de sus beneficios fueron las empresas energéticas, la banca y las empresas del sector de la construcción. Los salarios promedio , en contraste, han crecido únicamente un 0,4% entre 1997 y 2005.
Junto a estos, otros datos demoledores demuestran hasta que punto el crecimiento económico no ha hecho sino aumentar la polarización social:
aumenta el paro y se mantiene la precariedad laboral en un 31% de los contratos; la media de duración de un contrato laboral es inferior a 60 días; cada día mueren tres trabajadores en accidentes, ante la impunidad empresarial y la pasividad de los juzgados, que se han cebado sin embar¬go en decenas de sindicalistas a los que se ha abierto procesos penales por participar en piquetes informativos, con solicitudes de más de tres años de prisión. Uno a uno, los derechos cuyo reconocimiento fue la ex¬cusa para hacer aceptable la transición, han sido quemados en el altar de los beneficios empresariales de una oligarquía insaciable.
El precio de la vivienda ha alcanzado techo creando un inmenso problema social agravado por el aumento de tipos de interés, lo que impide ya a miles de personas, jóvenes en su mayoría, hacer frente a las hipotecas; todo ello mientras los grandes grupos especulativos de la construcción han puesto el dinero robado a espuertas a los ciudadanos a buen recaudo, invirtiendo en negocios como la energía o los servicios públicos, etc, etc. De modo que, en tiempos de crisis ya sabemos quien va a cargar con sus consecuencias: los de siempre, la mayoría trabajadora; sin olvidar a los cientos de miles de inmigrantes explotados en muchos casos como esclavos, a los que la derecha de siempre, quiere convertir en chivos expiatorios.
En política internacional, las esperanzas suscitadas en su día por la retira¬da de tropas de Irak, se van frustrando: lejos de acabar con la implicación de nuestro país en las aventuras militares de las potencias imperialistas, se mantiene un importante contingente militar en Afganistán y sigue en pie la participación en una OTAN cada día más agresiva; las bases extran¬jeras en nuestro suelo, han sido utilizadas reiteradamente para agredir a otros pueblos, etc. Por otra parte, el Gobierno sigue sin cumplir sus com¬promisos con el pueblo saharaui al que se ha abandonado en su esfuerzo por lograr el derecho de autodeterminación.
En el orden interno, nada queda de la esperanza de alcanzar una solución política negociada al contencioso nacional en el País Vasco. La ruptura
de la tregua, ha dado un pretexto a los representantes del nacionalismo español, para regresar a su lenguaje de guerra y a las tesis reaccionarias
del PP, pero hoy resulta evidente para cualquiera que quiera ver, que el Gobierno nunca tuvo intención de lograr una salida negociada y que úni¬camente en un marco republicano y popular puede plantearse la solución democrática al contencioso nacional.
La derecha, con el apoyo de la jerarquía católica (subvencionada anual¬mente con mas de 5000 millones de euros de las arcas públicas) y de los sectores más reaccionarios de la judicatura, y de las instituciones del régimen, mantiene una insoportable presión política que amenaza con provocar un retroceso importante en los ya limitados derechos democrá¬ticos: en las últimas elecciones se cercenó el derecho de voto a decenas de miles de ciudadanos vascos, se mantiene una política de ensañamiento con los presos políticos y se ha dado, ahora un paso mas en la dinámica de conflicto, con el encarcelamiento de los dirigentes de Batasuna. Cada vez más se recurre a la represión política en aquellos temas en los que las castas dominantes encuentran dificultades para imponer su visión. La sin razón y el oscurantismo dominan en la cultura, impulsados por unos medios de comunicación cuya actividad ha sobrepasado desde hace tiem¬po los límites de la decencia ; etc.
Entre tanto, los dirigentes de la izquierda cortesana, se empeñan en buscar el consenso con la derecha más extrema, representada por el PP. El
último ejemplo triste, lo hemos vivido en Navarra, donde la dirección del PSOE ha entregado el Gobierno al ultra reaccionario. Miguel Sanz, en con¬tra del parecer de sus propios afiliados.
Así, en una continua cesión política, se va dejando el campo libre a la re¬acción, arropada por un régimen borbónico, impuesto por el franquismo
y continuador de él. El Congreso no ha sido capaz de aprobar aún una Ley de Memoria histórica que reconozca el ejemplo de lucha de quienes defendieron la legalidad republicana contra el fascismo, anule los juicios farsa del régimen criminal y denuncie la responsabilidad criminal de los asesinos de miles de antifascistas. En su lugar la ley aprobada supone una ignominia, pues mantiene una vergonzosa equidistancia entre victimas y verdugos.
Treinta y dos años después de la muerte en la cama del asesino Franco, siguen impunes los crímenes de su régimen.
Como un ejemplo visible del momento político que vivimos, miles de ciu¬dadanos venimos manifestándonos todos los 6 de Diciembre, desde hace ya cinco años, para denunciar el carácter antidemocrático de la Consti¬tución monárquica de 1.978 que se ha venido a convertir en el corsé de los derechos de la mayoría de las clases populares, mientras apenas a unos metros de aquí, la clase política institucional rinde pleitesía de vasallo ante un rey impuesto.
El asesinato de Carlos, joven antifascista de 16 años, y el apuñalamiento de otro, a manos de un militar profesional es el más grave atentado en la es¬calada de ataques fascistas en el conjunto del Estado. Ejemplifica, dramáti¬camente la importante presencia de elementos fascistas en los aparatos del Estado y los escasos controles democráticos en ellos.
La impunidad con la que los grupos fascistas propagan su ideología criminal y el doble rasero del Gobierno, de las instituciones del régimen y de los me¬dios de comunicación, que han presentado el asesinato fascista como pelea entre bandas rivales intentando legitimar su política “antiterrorista”, han dado lugar al esperpento de permitir la convocatoria de actos manifiesta¬mente racistas y antisociales, mientras se prohibe y se persigue el ejercicio del derecho a la libre expresión de organizaciones de izquierda, independentista o no, de sindicalistas y movimientos sociales, poniendo de manifiesto el
carácter limitado de la democracia monárquica y su ligazón con el pasado.
Paso a paso se abre una evidencia: únicamente una ruptura con la monarquía, que supere sus, cada vez mayores, limitaciones puede sentar las bases democráticas para una política de progreso que permita encarar los graves problemas a los que hacen frente las clases populares. Aquí estamos quie¬nes representamos la dignidad popular, quienes nos negamos a ser vasallos de un régimen impuesto y apostamos por avanzar unidos.
